MIGRACIÓN Y DERECHO AL
TRABAJO EN CHILE 2017-2022[1]
MIGRATION AND RIGHT TO WORK IN CHILE 2017-2022
Luis Manuel MARCANO SALAZAR [2]
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Recibido
Aprobado |
: : |
19.02.2024 27.04.2024 |
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Publicado |
: |
11.10.2024 |
RESUMEN: El objetivo de este estudio es analizar la migración venezolana en Chile
y el ejercicio del trabajo como un derecho humano. La metodología utilizada es
hermenéutica-documental, que permite interpretar y analizar registros
documentales relacionados con la crisis migratoria de Venezuela y la respuesta
del Estado chileno. Se examinan las políticas migratorias, las leyes laborales
y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores/as [sic] migratorios/as[sic] y de sus Familiares, así como los
informes de organizaciones internacionales y nacionales sobre la situación de
los migrantes venezolanos en Chile. Los resultados revelan que la crisis
migratoria de Venezuela es una de las más grandes del mundo, con millones de
personas desplazadas debido a la inestabilidad política y económica del país.
El flujo de migrantes venezolanos hacia Chile ha aumentado significativamente
en los últimos años, lo que ha generado a una serie de problemas y desafíos
para el Estado chileno en su intento de manejar este aumento. Esto se refleja
en sus políticas migratorias y su capacidad para del país para proporcionar
apoyo y protección. Las repatriaciones masivas de venezolanos antes y durante
la pandemia de COVID-19 sugieren que Chile está luchando para proporcionar
oportunidades de empleo y servicios básicos a los migrantes.
Palabras clave: Crisis migratoria,
Refugiados, Desplazados, Crisis en Venezuela, Derecho laboral de los
desplazados.
ABSTRACT: The
objective of this study is to analyze Venezuelan migration in Chile and the
exercise of work as a human right. The methodology used is
hermeneutic-documentary, which allows for the interpretation and analysis of
documentary records related to the Venezuelan migration crisis and the response
of the Chilean State. Migration policies, labor laws and the International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers [sic] and
Members of Their Families are examined, as well as the reports of international
and national organizations on the situation of Venezuelan migrants in Chile.
The results reveal that Venezuela's migration crisis is one of the largest in
the world, with millions of people displaced due to the country's political and
economic instability. The flow of Venezuelan migrants to Chile has increased
significantly in recent years, which has generated a series of problems and
challenges for the Chilean state as it attempts to manage this increase. This
is reflected in its migration policies and its ability to provide support and
protection. The massive repatriations of Venezuelans before and during the
COVID-19 pandemic suggest that Chile is struggling to provide employment
opportunities and basic services to migrants.
Keywords: Migration crisis, Refugees, Displaced persons, Crisis
in Venezuela, Labor rights of displaced persons.
INTRODUCCIÓN
El derecho
al trabajo es un derecho humano. Está incorporado en la carta política de todos
los Estados como una garantía fundamental[3],
además en tratados y pactos internacionales[4].
Su desconocimiento por parte del Estado acarrea responsabilidad por violación
de Derechos Humanos, por lo que, de su existencia depende la sobrevivencia de toda
nación.
La
Organización
Internacional del Trabajo[5]
aporta una dimensión global al Derecho Social, por lo que deslocaliza la acción
del trabajo humano como instrumento social para cumplir con el proyecto de vida y,
produce un régimen internacional, capaz de satisfacer la regulación del
cumplimiento de los Derechos que, fundamentalmente están localizados dentro del
Estado-nación, pero por razones de traslado o migración, cruzan las fronteras.
Los
movimientos humanos transfronterizos pueden ser causados por diversas razones
y, no necesariamente deben ser denominados como migrantes. Las migraciones
voluntarias por situaciones económicas o de otra índole y, las migraciones
forzosas por causa de guerra o violencia. Ambas pueden ser dentro o fuera de un
país. El hecho sensible es que, quien migra de manera planificada entra en el
régimen migratorio del Estado receptor, a diferencia de los migrantes forzados
o desplazados que, han tenido que abandonar su hogar en situación de
emergencia, dejando detrás de sí, documentos de identificación, estudios,
además de un hogar establecido del que no se han planificado mudar. En la
mayoría de los casos, los desplazados, pierden todos los recursos económicos
que han dejado atrás y deben iniciar sus vidas en total desamparo. A este tipo
de migrantes forzosos o desplazados los acoge la Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados (ADNUR), adquiriendo la condición de refugiado, previa evaluación de las
autoridades internacionales y domésticas (Abuelafia, 2020).
En
tal sentido, el
régimen internacional de refugiados que opera por órgano del Sistema de
Naciones Unidas, presente en cada uno de los países, establece los parámetros
particulares para producir la identificación migratoria respectiva que faculte
al migrante ejercer su derecho al trabajo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando
existe un vacío en esa importante obligación de la Oficina de Refugiados de
Naciones Unidas para atender una crisis migratoria como la que en el presente
vive América Latina que tiene sus raíces en Haití, Colombia, Cuba y Venezuela?
Para los efectos de garantizar el
trabajo migrante y el de sus familiares, los Estados se han otorgado la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores/as [sic] migratorios/as[sic] y de sus Familiares, mediante la cual
la Asamblea General de Naciones Unidas que produce la resolución 45/158 que la
promulga, aspiraba a solucionar el trabajo migrante y detener la explotación de
los extranjeros en tierras extrañas.
Es de suma
importancia reflexionar
La
brújula que
orienta la reflexi
En este sentido, se parte de la
hipótesis que considera a la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores/as [sic] migratorios/as[sic] y de sus
Familiares, como insuficiente para regular y solucionar la crisis de desplazados
venezolanos en Chile, por lo que, ha generado que el Estado chileno, haya
efectuado sendas repatriaciones masivas de venezolanos antes y durante la
pandemia del covid-19, lo que pone en evidencia la debilidad funcional del
Derecho Internacional Público en temas de protección de derechos y, la
inoperancia del Sistema de Naciones Unidas frente a la crisis latinoamericana.
DESARROLLO
Trabajo, crisis migratoria y de desplazados en América
En el
pasado, ya se ha hecho referencia a la crisis migratoria y a la seguridad
humana, y cómo estas se vieron afectadas cuando la pandemia de covid-19 golpeó
al mundo (Marcano, 2021). No obstante, hay un elemento esencial relacionado con
la habilidad de avanzar en un proyecto de vida a través de capacidades
personales como el trabajo, que necesita una revisión. Esto es debido a que,
sin el derecho al trabajo, no es posible discutir sobre seguridad ni ninguna otra clase de derecho
subjetivo (Valencia et al., 2020)
Como
ya se
mencionó, el derecho al trabajo es un derecho humano básico. Este otorga a las
personas la facultad de seleccionar y desempeñar un oficio lícito en
condiciones de equidad legal, justas y gratificantes, sin ninguna forma de
discriminación por género, raza, estatus social o religión. En su esencia, es
un derecho subjetivo de todas las personas para tener la oportunidad de generar
riqueza a través de una actividad que han elegido libremente (Martínez
Escamilla et al., 2012).
Este derecho
es desarrollado en pactos y acuerdos internacionales, como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido en
Nueva York el 19 de diciembre de 1966, y en las constituciones de las naciones
como una garantía fundamental. Sin embargo, hay circunstancias e imprevistos
que obstaculizan la completa realización de este derecho. Por lo tanto, los
Estados deben diseñar políticas públicas que respondan a las crisis económicas
que afectan las oportunidades de empleo. Esto dependerá de la capacidad interna
de cada Estado, tal como Kliksberg (1993) lo mencionó en "La pobreza, un
tema impostergable". La disminución de la habilidad de los Estados para
generar riqueza basándose en el trabajo individual de sus ciudadanos genera, a
largo plazo, tres situaciones interrelacionadas: el desempleo, la delincuencia
y las migraciones (Kliksberg, 1993).
Según
investigaciones
sociológicas (Domenech y Gil, 2016), un porcentaje
reducido de la población de un país que cumple satisfactoriamente con las
necesidades de sus habitantes emigra por voluntad propia. De hecho, ciertos
colectivos humanos se mueven de sus naciones en busca de nuevas posibilidades
laborales o para educarse. Sin embargo, la mayoría de las personas lo hacen
para huir de conflictos, persecuciones políticas o religiosas, actos de
terrorismo o violaciones a los Derechos Humanos que no cesan incluso cuando los
desplazados atraviesan las fronteras de los países adyacentes.
La dura
realidad que han enfrentado los trabajadores migrantes a lo largo de la
historia no ha variado considerablemente en términos de sus derechos
fundamentales. Los desafíos e incertidumbres que los desplazados y migrantes
experimentan al dejar sus países de origen, afectados por aspectos económicos,
culturales, psicológicos, lingüísticos y sociales, se magnifican por los
riesgos vinculados con la ilegalidad, una situación frecuente para muchos
trabajadores que llegan a sus destinos como indocumentados, especialmente en
países donde no existen políticas claras para manejar este tipo de circunstancias.
Como
consecuencia,
los desplazados suelen ser víctimas de empleadores sin escrúpulos que se
benefician de su estatus ilegal. Según varios foros llevados a cabo en este
siglo, únicamente 14 de los 34 países en América habían ratificado el Convenio
sobre los trabajadores migrantes. De estos 14 países, solo uno (Venezuela)
había ratificado el Convenio sobre los trabajadores migrantes (provisiones
complementarias), 1975 (núm. 143). Estos dos Convenios establecen las
condiciones generales, obligaciones y políticas que los Estados miembros deben
implementar en relación
La
Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus
Familias es un instrumento internacional crucial en este campo. Hasta ahora, 20
países han ratificado la Convención, incluyendo seis naciones de América Latina
y el Caribe. En adición, en 1999, la Comisión de Derechos Humanos designó a un
Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes inicialmente por
tres años, que recientemente ha sido extendido por otros tres años a causa de
la crisis de salud por el covid-19. La Comisión también ha emitido una serie de
recomendaciones en este sector (Ascanio, 2022, p. 2).
En
el contexto
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su interpretación más extensa, abarcan los derechos de los
trabajadores migrantes. De forma similar, el Sistema de Cumbres de las
Américas, cuya secretaría técnica está a cargo de la OEA, la CEPAL y el BID, ha
incorporado recientemente la cuestión de los trabajadores migrantes en su
agenda como parte del proceso que llevó a la creación de tratados regionales y
subregionales (DANE, 2024).
El informe
sobre estos asuntos preparado por el Relator Especial de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, señala varios casos que
implican circunstancias que demuestran la ignorancia de los derechos humanos de
estos trabajadores. El informe resalta varios aspectos, incluyendo la necesidad
de salvaguardar el derecho de los inmigrantes a laborar y enviar dinero a sus
países de origen, el derecho de los trabajadores haitianos y venezolanos a un
proceso justo y diligente al manejar su estatus legal como migrantes, prevenir
maltratos por parte de patrullas fronterizas y casos reportados de xenofobia en
ciertas naciones latinoamericanas (Cavalcanti et al.,
2021 a-b), y la susceptibilidad de los trabajadores guatemaltecos y otros
centroamericanos a prácticas laborales de explotación y a un trato desigual
debido a su necesidad de transitar a través del territorio mexicano hacia
Estados Unidos (Ministry of Planning and Development, 2015).
El informe
también hace referencia a la complicada realidad de los nicaragüenses en Costa
Rica, quienes son especialmente propensos a la explotación debido a su elevado
número y a la posibilidad de que las fuerzas de seguridad en ambos lados de la
frontera entre Venezuela y Colombia puedan actuar con violencia hacia los
inmigrantes, dado que las autoridades de seguridad no siempre pueden
diferenciarlos de los criminales comunes. Asimismo, el informe criticó la
deportación masiva y arbitraria de haitianos de la República Dominicana.
La
condición
de los trabajadores haitianos se distingue por numerosas infracciones de los
derechos humanos, que oscilan desde las deplorables condiciones de vida y
laborales en las plantaciones hasta las deportaciones masivas y
discriminatorias por raza que estos trabajadores han padecido. La mayor
inquietud en el Cono Sur es la inestable situación de los trabajadores
peruanos, bolivianos y paraguayos en Argentina que se ven obligados a trabajar
como inmigrantes ilegales.
Desafíos laborales y desplazamiento: venezolanos en Chile
El flujo
masivo de migrantes venezolanos ha creado desafíos importantes en términos de
integración, ocupación y salvaguarda de derechos. La debacle de la economía fue
propiciada en parte por la decadencia de la producción de petróleo, el producto
de exportación primordial de Venezuela. Para 2020, los niveles de producción de
petróleo se habían reducido a mínimos no vistos desde los años 30 (Blau y Kahn,
2015). Después de mantener un promedio de 2,8 millones de barriles diarios (mbpd) durante 2008-2013, la producción de petróleo bruto
descendió a un promedio de 0,9 mbpd en 2019 y alcanzó
su punto más bajo a alrededor de 0,4 mbpd a mediados
de 2020 (Chaves-González y Echeverría, 2020). Esta drástica caída, que sucedió
antes de la implementación de sanciones petroleras por parte de Estados Unidos
en enero de 2019, reflejó factores tanto domésticos como foráneos.
En
particular, el descenso en la producción de petróleo se debe al derrumbe del
precio global del petróleo en 2015, la mala administración del sector petrolero
a nivel nacional, la reducción de la inversión en el sector (evidenciada por
una disminución en el número de plataformas a cero en junio de 2020) y una
pérdida de capital humano. Como resultado, a pesar de ser un productor de
petróleo, Venezuela ha padecido una falta generalizada de combustible en todo
el país, lo que ha interferido con la movilidad y ha incrementado
considerablemente los gastos de transporte (Cheasty,
2015).
Frente a la
turbulencia macroeconómica y la administración ineficiente, el resto de la
economía venezolana también ha sufrido severamente y sigue enfrentando
obstáculos. De acuerdo con cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV,
2016) el PIB no petrolero experimentó una caída de aproximadamente el 56 por
ciento desde el primer cuarto de 2013 hasta el mismo periodo en 2019. La
construcción fue el sector más afectado (96 por ciento), seguido por los
servicios financieros y la manufactura, con disminuciones del 88 y 83 por
ciento, respectivamente. El sector agrícola también ha presenciado una marcada
disminución en la producción. Además, las empresas continúan enfrentándose a un
suministro poco fiable de servicios básicos, un acceso limitado al crédito y
una escasez de mano de obra especializada debido a la migración.
Los
servicios sociales y la integración económica también han sido seriamente
perjudicados por la crisis. En respuesta a la falta de recursos para la
prestación de servicios básicos, el gobierno ha disminuido su presencia en las
zonas rurales a favor de la capital, Caracas. En muchas regiones, se han dejado
de lado funciones gubernamentales esenciales como la vigilancia, el
mantenimiento de carreteras, la atención médica y los servicios públicos. Los
grupos paramilitares armados han reemplazado parcialmente la infraestructura de
seguridad del Estado cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia (Abuelafia, 2020). Además, el retiro del gobierno ha llevado
a la fragmentación de Venezuela en economías más localizadas y segmentadas con
vínculos meramente nominales con Caracas. Paralelamente a esta ruptura de las
conexiones económicas internas, las regiones cercanas a las fronteras de
Venezuela han recurrido al contrabando y al comercio transfronterizo para
subsistir. Las comunidades agrícolas del interior de Venezuela han caído en la
subsistencia a medida que el deterioro del sistema de carreteras y la escasez
de gasolina diezmaban el comercio interno. Los lugares de interés turístico,
sin embargo, han persistido y atienden principalmente a individuos de altos
ingresos, generando un éxodo que ha superado los límites históricos.
En el marco
de su volatilidad macroeconómica, Venezuela vivió uno de los períodos de
hiperinflación más prolongados registrados en la historia (Ortega y Peri,
2014). Los precios escalaron hasta alcanzar un estado de hiperinflación, a
medida que se monetizaban enormes déficits fiscales que promediaron el 16,8%
del PIB entre 2014 y 2019.
Con la caída
de la producción y el estallido de la hiperinflación, las condiciones del
mercado de trabajo empeoraron de forma continuada y aún continúan siendo
desfavorables. A pesar de que más de la mitad de la población en edad laboral
está empleada, la tasa de participación laboral es la más baja de toda América Latina
(Orrenius, 2017). El empleo en condiciones formales
ha descendido, mientras que el autoempleo ha crecido en proporción relativa,
proporcionando vías alternas de ingresos. La proporción de personas con empleo
formal en los sectores público y privado disminuyó 15 puntos porcentuales entre
2014 y 2022, al tiempo que la proporción de trabajadores autónomos e
independientes creció 14 puntos porcentuales, representando el 45% del empleo
total en el país (Organización de Estados Americanos, 2019).
Los ingresos
laborales también se vieron impactados cuando la hiperinflación diezmó el valor
adquisitivo de los salarios, lo que llevó a un gran número de familias a huir
de la hambruna, muchas veces cruzando las fronteras a pie.
Como
consecuencia del derrumbe económico, las condiciones sociales han empeorado y
la pobreza ha crecido de forma notable. De acuerdo con la encuesta nacional de
condiciones de vida ENCOVI 2019/2022, la pobreza por ingresos prácticamente se
triplicó pasando del 33,1% de la población en 2013 al 96,2% en 2019/2022, y la
pobreza extrema aumentó casi siete veces hasta llegar al 79,3% en el mismo
intervalo de tiempo. El país está sufriendo un retroceso en los progresos
alcanzados en décadas pasadas en términos de salud y nutrición, particularmente
para las madres y los niños, así como en el control de enfermedades
transmisibles.
Las
desastrosas condiciones económicas y humanitarias han desatado la crisis
migratoria más grande en la historia de nuestro continente, superando incluso
la crisis que vivieron los sirios durante la Guerra y por Turquía (Del Carpio y
Wagner, 2015).
En realidad,
la situación de emergencia en Venezuela ha originado desplazamientos similares
a los de las crisis migratorias más grandes del mundo en los últimos cincuenta
años. Se calcula que cerca de siete millones de venezolanos han dejado su país
en agosto de 2023, superando los números vistos en Etiopía (1980), Irak (1988,
2004), Sudán del Sur (2014) y la cantidad de refugiados que huyeron del
conflicto en Ucrania (6,3 millones en agosto de 2022 según ACNUR). Básicamente,
el número de migrantes venezolanos corresponde al 23 por ciento de la población
en total, menos que en Siria (2012) y Afganistán (1977), donde excedió el 35
por ciento de la población cinco años después del inicio de las crisis. A pesar
de que estos desplazamientos se originaron por conflictos armados, no se
diferencian mucho de la guerra no oficial que se vive en Venezuela, marcada por
el crimen organizado y la presencia de bandas armadas como el Tren de Aragua.
Un ejemplo reciente es el caso de la Cárcel de Tocorón,
donde el líder de esta banda transnacional, conocido como "el niño
Guerrero", continúa libre. Además, la violencia estatal contra la
oposición agrava aún más la situación. Todos estos factores de expulsión han
obligado a los venezolanos a huir, sumado a la crisis de confianza en un
sistema judicial cada vez más controlado por el gobierno. Por tanto, Venezuela
se ha convertido en el país con la mayor migración en los últimos años para un
país sin conflicto de las clases más desprotegidas de la sociedad (Santamaria,
2022).
El destino y
la composición de los flujos migratorios venezolanos han variado a medida que
la crisis se ha agudizado. La mayoría de los migrantes se han establecido en
otros países de América Latina, mientras que algunos se han trasladado a otras
regiones, principalmente a Estados Unidos y España. Colombia ha acogido el
mayor número de migrantes, sumando 2,5 millones o aproximadamente el 5 por
ciento de la población colombiana en agosto de 2022. Chile, Ecuador y Perú
también han recibido flujos importantes, con un número combinado de migrantes
que supera los 2 millones (más del 3 por ciento de la población colombiana en
promedio). Aunque Aruba y Curazao han recibido una menor cantidad de
inmigrantes, representan una proporción mucho mayor de sus respectivas
poblaciones, oscilando entre el 9 y el 15 por ciento. Con la llegada de la
pandemia, el flujo migratorio se ralentizó en 2020 cuando los países cerraron
sus fronteras por razones de salud. Sin embargo, el flujo migratorio se
reactivó en 2021-2022 cuando los países reabrieron sus fronteras y se prevé que
aumente aún más a medida que algunos países han comenzado a otorgar estatus de
protección a los migrantes venezolanos (como Colombia y Ecuador).
La
composición demográfica de los migrantes se asemeja a la de las comunidades
locales en las economías de acogida de la región. Casi dos tercios de los
inmigrantes provenientes de Venezuela están en edad productiva y cerca de la
mitad son del género femenino. Los migrantes que optaron por los países vecinos
a Venezuela (Brasil, Colombia, Guyana y Trinidad y Tobago) son más jóvenes y
poseen una educación superior en comparación con las comunidades locales. Sin
embargo, su nivel de educación es inferior al de los venezolanos que se
desplazaron a países más alejados (como Argentina, Chile y Costa Rica). No
obstante, en los últimos años, entre 2019 y 2022, ha llegado a Chile un
considerable número de venezolanos de la clase trabajadora con limitados
recursos económicos y escasa o nula educación. Esto complica la regularización
de su estatus migratorio, lo que a su vez les impide trabajar y en
consecuencia, llevar a cabo su proyecto de vida.
La crisis
sanitaria del COVID-19, con las respectivas limitaciones en la movilidad y
cierre de fronteras, disminuyó el flujo migratorio venezolano de un promedio de
1,7 millones de individuos al año en 2018-19 a 0,6 millones en 2020, la mayoría
en los primeros meses del año. Sin embargo, los flujos migratorios se
reanudaron en el periodo 2021-22: 1,3 millones de migrantes abandonaron
Venezuela desde finales de 2020, y se proyecta que continúe, aunque a ritmos
inferiores a los previos a la pandemia. Se prevé que los factores que
desencadenaron la crisis migratoria se agudicen y la situación de los
venezolanos se vea más dramática. Dada la gran incertidumbre acerca de las
expectativas económicas y sociales, los autores plantean dos escenarios
migratorios de gravedad que estima que aquellos que residan en el extranjero
alcanzarán los 12,4 millones en 2025, alrededor de 3,4 millones más que el
número actual de migrantes venezolanos.
La principal
salida a la crisis de Venezuela ha sido la migración, lo que genera
cuestionamientos acerca de los impactos en el mercado laboral en Chile. Los
migrantes son más jóvenes y con mayor educación que las poblaciones locales,
pero su búsqueda de empleo se ha encontrado con una serie de condiciones
laborales diversas en las economías de acogida: una cultura compartida como
ventaja, pero obstáculos legales y no legales como desafíos. En términos de
resultados laborales, los migrantes en edad productiva han sufrido mayor
desempleo, son más propensos a trabajar inicialmente en el sector informal y
perciben salarios inferiores a los trabajadores locales. La brecha salarial,
que se agudiza con el nivel educativo, señala una mala asignación del capital
humano de los inmigrantes. En general, la migración venezolana tiende a
incrementar la informalidad laboral en los países de acogida, pero no hay
evidencia de que desplace a los trabajadores locales. La participación laboral,
el empleo y la informalidad de los trabajadores locales se mantienen
prácticamente inalterados, aunque existe cierta presión a la baja sobre los
salarios, especialmente en el sector informal. Dado las pérdidas de
productividad atribuibles a la mala distribución de la fuerza laboral en el
corto plazo, el crecimiento del PIB se beneficiará de una integración más
profunda de los inmigrantes en la economía formal.
Un mecanismo
principal, por el cual la migración afecta los resultados económicos en otras
naciones es a través del mercado de trabajo. La llegada de inmigrantes
incrementa directamente la provisión de mano de obra. El impacto global en los
resultados de equilibrio del mercado de trabajo, tales como los salarios, la
participación en la fuerza de trabajo y el empleo depende de una serie de
factores que están relacionados tanto con la constitución de los migrantes como
con las características del país de acogida. Estos abarcan el tiempo, la
extensión y la composición demográfica de los movimientos migratorios, las
características y rigideces del mercado laboral en el país de acogida, y si la
migración está siendo propulsada por factores de atracción (demanda laboral) o
de empuje (oferta laboral) (Pulido-Pescador y Varón, 2020).
Los estudios
previos centrados en la migración económica motivada por factores de atracción
hacia (principalmente) economías avanzadas reportan efectos positivos de la
migración en los resultados laborales. Cuando existen complementariedades entre
los trabajadores nativos y los inmigrantes, los inmigrantes pueden estimular un
desplazamiento de los nativos hacia nuevas ocupaciones y promover la
productividad total con beneficios en la economía. Los ingresos resultantes en
el ingreso total pueden justificar los muy limitados efectos negativos
encontrados por la literatura empírica sobre los salarios y el empleo de los
trabajadores nativos, especialmente cuando se consideran horizontes a largo
plazo.
No obstante,
no sucede lo mismo con los desplazados que tienen un mayor desempleo inicial en
la economía de acogida. A pesar de las numerosas oportunidades y la existencia
de acuerdos y convenciones internacionales que protegen el trabajo migrante y
el de sus familias, la existencia de un vacío convencional golpea a los más
necesitados. Parecería que la debilidad del Derecho Internacional de los
Tratados se hace evidente cuando estas normas de Ius Cogens son ignoradas por
los Estados Nacionales. Chile es un claro ejemplo de estas violaciones con las
deportaciones masivas ocurridas en los años pasados, además de la imposibilidad
del desplazado de poder integrarse en Chile. Siguen la línea política
migratoria de los Estados Unidos.
La
experiencia de los desplazados de Venezuela en Chile comparte algunas
similitudes con crisis de refugiados anteriores, ya que los factores de
expulsión están forzando a los migrantes de Venezuela a abandonar su país
independientemente de las condiciones económicas del país receptor. Como sucede
con los venezolanos, los refugiados de otros movimientos migratorios han tenido
que enfrentar mayores obstáculos legales o no legales para ingresar a los
mercados laborales, lo que plantea retos para la integración económica
completa. También existe evidencia empírica de que los resultados de los
refugiados en el mercado laboral son significativamente peores que los de la
población nativa (Paez y Vivas, 2017).
Durante el
clímax del éxodo venezolano antes de la pandemia, la mayoría de los mercados
laborales en América Latina tenían un desempleo moderado, aproximadamente del
10 por ciento, y una baja formalidad de menos del 70 por ciento, con una
variación considerable entre países. En Chile, la población de migrantes
venezolanos representa menos del 3 por ciento de la población local, con un
potencial enorme para los desplazados en el mercado laboral.
CONCLUSIONES
La
interrogante de investigación que se planteó al comienzo de este estudio y la
hipótesis propuesta, no se han podido corroborar completamente debido al flujo
constante de eventos que hacen que la reflexión sea un lugar de desilusión ante
la Ley. La crisis migratoria en Venezuela se ha desarrollado en tres etapas
principales. La constitución de los migrantes ha cambiado desde el inicio de la
crisis venezolana, y las condiciones demográficas y socioeconómicas fluctúan de
acuerdo a la severidad del derrumbe de las condiciones económicas y sociales,
sin embargo, no hay resoluciones absolutas ni definitivas: coexisten el derecho
y la inequidad.
Primera
etapa: la primera oleada migratoria tuvo lugar a principios de los años 2000,
previo a la crisis económica. La migración inicial estuvo compuesta por
individuos con una alta educación, excelentes habilidades profesionales y
amplias posibilidades financieras. Muchos de estos migrantes eran empresarios o
miembros destacados de la oposición política.
Segunda
etapa: la clase media empezó a abandonar Venezuela a partir del 2014. Personas
con formación técnica y jóvenes graduados universitarios, aunque sin
experiencia laboral, dejaron el país en busca de mejores oportunidades de
trabajo en el extranjero cuando la crisis económica empezó a afectarlos. Muchos
acabaron aceptando empleos formales, pero sin cualificación. Esta etapa también
incluyó a varios opositores políticos y defensores de los derechos humanos.
Tercera
etapa: entre el 2017 y el 2022, cuando la economía venezolana se desplomó por
completo, los migrantes tendieron a provenir de hogares de bajos ingresos, con
un nivel de educación terciaria más bajo, pocas habilidades laborales y
recursos financieros limitados. La cantidad de estos migrantes que abandonaron
el país incrementó de manera exponencial en esta etapa, con una mayor
prevalencia de familias, a menudo hogares encabezados por una madre soltera con
varios niños pequeños, que dejaban Venezuela, en comparación con las oleadas
anteriores que consistían principalmente en hombres adultos viajando solos o
parejas adultas. Una razón detrás de este cambio es que muchos de los que
abandonaron Venezuela durante este período viajaron para reunirse con un
familiar que ya había emigrado en años previos. En esta etapa también se
demostró el desmontaje de la confianza social en el Sistema Judicial, que se
evidenció con la persecución y exilio de los miembros del Tribunal Supremo de
Justicia juramentados en julio de 2017. Muchos de estos jueces tuvieron que
asumir trabajos no cualificados.
En este
estudio se cumple el objetivo de investigar cómo la crisis económica, política
y humanitaria en Venezuela ha llevado a un gran número de venezolanos a buscar
refugio y oportunidades en Chile. Este país ha experimentado un aumento
significativo en el número de desplazados venezolanos en los últimos años, lo
que ha planteado desafíos en términos de acogida. Chile ha implementado
políticas que permiten a los desplazados venezolanos acceder al mercado laboral
formal, lo que representa una oportunidad importante. Sin embargo, tras la
pandemia y la crisis política que atravesó el gobierno del presidente Sebastián
Piñera en octubre de 2018, esa política cesó.
A pesar de
las políticas favorables, los desplazados venezolanos enfrentan obstáculos en
la búsqueda de empleo, que incluyen la falta de reconocimiento de títulos y
discriminación. Sin embargo, dado que Chile ha ratificado acuerdos
internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que
establecen el principio de no devolución, que prohíbe expulsar o devolver a
personas que enfrentan persecución, las deportaciones que se iniciaron fueron
suspendidas. Por ello, se entiende que los acuerdos internacionales también
garantizan que los desplazados tengan derechos laborales, incluyendo igualdad
de trato en el empleo y condiciones de trabajo justas.
Finalmente,
la situación de los desplazados venezolanos en Chile refleja tanto los
esfuerzos realizados para cumplir con los acuerdos internacionales como los
desafíos persistentes en términos de empleo y plena integración. A medida que
Chile continúa recibiendo a desplazados venezolanos, es esencial seguir
trabajando en políticas y programas que garanticen el acceso a oportunidades
laborales y a la protección de sus derechos, en consonancia.
REFERENCIAS
Abuelafia, E. (2020). Migración en la Región Andina: Impacto de la
Crisis y Expectativas en el Mediano Plazo. Banco Interamericano de Desarollo. http://dx.doi.org/10.18235/0002386
ACNUR.
(2022). Informe Semestral de Tendencias 2022. https://www.acnur.org/informe-semestral-de-tendencias-2022#:~:text=En%20los%20primeros%20d%C3%ADas%20de,sido%20desplazadas%20dentro%20de%20%C3%A9l
Ascanio, R. (2022). Profesionales
universitarios venezolanos que han emigrado y la pérdida del capital
intelectual para el país. Revista de Ciencias de la Comunicación e
Información, 27, 1-14. https://doi.org/10.35742/rcci.2022.27.e133
Banco Central de Venezuela – BCV
(2016). Resultados del índice nacional de precios al consumidor, producto
interno bruto y balanza de pagos. Cuarto trimestre de 2015 – cierre del año
2015. https://communistusa.org/wp-content/uploads/2016/05/aviso180216.pdf
Blau, F. D. y
Kahn, L. M. (2015). Immigration
and the Distribution of Incomes. En B. R Chiswick y
P. W. Miller (Ed.), Handbook on the Economics of International Migration
(pp. 793-843). Elsevier.
Cavalcanti,
L., De Oliveira, T. y Silva, B. G. (2021a). Imigração e refúgio no Brasil:
Retratos da década de 2010. Observatório das Migrações Internacionais;
Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Conselho Nacional de Imigração e
Coordenação Geral de Imigração Laboral. OBMigra. https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/Relat%C3%B3rio_Anual/Retratos_da_De%CC%81cada.pdf
Cavalcanti,
L., Oliveira, T. y Silva, B. G. (2021b). Relatório Anual 2021 – 2011-2020: Uma
década de desafios para a imigração e o refúgio no Brasil. Série Migrações.
Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança
Pública/Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração
Laboral. https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/Relat%C3%B3rio_Anual/Relato%CC%81rio_Anual_-_Completo.pdf
Chaves-González,
D. y Echeverría Estrada, C. (2020). Venezuelan Migrants and Refugees in Latin America and
the Caribbean: A Regional Profile. Migration Policy Institute. https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/2308
Cheasty, A. (2015).
Cheaper Oil in Petrocaribe Countries: Sweet and Sour. International Monetary
Fund. https://www.imf.org/external/np/blog/dialogo/031815.pdf
Del Carpio,
X. V. y Wagner, M. (2015). The Impact
of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market. Policy Research Working Paper 7402, World Bank
Group. https://documents1.worldbank.org/curated/en/505471468194980180/pdf/WPS7402.pdf
Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2024).
Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2021. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
Domenech, E. y Gil, S. (2016). La Sociología de las
Migraciones: una breve historia. Espacio Abierto, 25(4), 169-181.
Kliksberg, B. (1993). Pobreza:
Un tema impostergable: nuevas respuestas a nivel mundial. Fondo de Cultura Económica.
Marcano,
L. (2021). Seguridad humana de los desplazados de Venezuela en Chile frente a
la crisis regional y el COVID-19. Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, 12, 87-101. http://dx.doi.org/10.17951/al.2021.12.87-101
Martínez Escamilla, M., Martín Lorenzo, M. y Valle
Mariscal de Gante, M. (2012). Derecho Penal. Introducción. Teoría jurídica
del delito. Materiales para su docencia y aprendizaje. Universidad
Complutense Madrid.
Ministry of
Planning and Development. (2015). Continuous Sample Survey of Population.
https://cso.gov.tt/subjects/continuous-sample-survey-of-population/
Organización
de Estados Americanos. (2019). Informe del
Grupo de Trabajo de la OEA para Abordar la Crisis de Migrantes y Refugiados
Venezolanos en la Región. https://cepaz.org/wp-content/uploads/2019/06/OEA-informe-migrantes-venezolanos-espanol_compressed.pdf
Orrenius, P. M. (2017).
New Findings on the Fiscal Impact of Immigration in the United States.
Working Papers 1704, Federal Reserve Bank of Dallas. https://www.dallasfed.org/-/media/documents/research/papers/2017/wp1704.pdf
Ortega, F. y
Peri, G. (2014). Openness and
income: The roles of trade and migration. Journal of international
Economics, 92(2), 231-251. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2013.11.008
Paez, T. y Vivas, L. (2017). The Venezuelan Diaspora: Another
Impending Crisis? Freedom House.
Pulido-Pescador,
J. y Varón, A. (2020). Misallocation of the
Immigrant Workforce: Aggregate Productivity Effects for the Host Country. Borradores de Economía, Banco de la República de Colombia. https://repositorio.banrep.gov.co/items/a5605cab-a3aa-4c5c-b21a-6bbda7e09fbd
Santamaria,
J. (2022). When a Stranger Shall Sojourn with Thee: The Impact of the
Venezuelan Exodus on Colombian Labor Markets. Alianza
EFI. https://alianzaefi.com/wp-content/uploads/2023/01/WP2-2022-002.pdf
Valencia, O. M., Angarita, M.,
Santaella, J. y De Castro, M. (2020). Do Immigrants Bring Fiscal Dividends? The Case of
Venezuelan Immigration in Colombia. IDB Inter-American Development Bank. http://dx.doi.org/10.18235/0002993
[1] Este trabajo es parte de
un esfuerzo mayor dentro del Fondo de Fomento a la Investigación, de la Dirección
de Investigación de la Universidad SEK- 2023
[2] Doctorado en
Historia / PHD in international Relations and Law. Investigador docente Universidad SEK, miembro
del equipo de política global. Correo electrónico luis.marcano@zonavirtual.uisek.cl - ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0470-5764
[3] La revisión comparada
arroja que, en todas las constituciones de América Latina, se consagra el
Derecho al trabajo como una garantía fundamental.
[4] Hace referencia a la
Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (2005)/ Convenio Internacional Nº 135 sobre los representantes de los trabajadores (1971)/
Convenio Nº 121, sobre las prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (1964)/ Convenio Nº 138 sobre la edad mínima (1973)/ Convenio Nº 105 sobre la abolición del trabajo forzoso (1957)/
Convenio Nº 87 sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación (1948)/ Convenio Nº
98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949)/ Convenio
sobre la indemnización por accidentes del trabajo de trabajadores agrícolas
(1921)/ Convenio Internacional sobre el descanso semanal en industrias (1921)/
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria) (1919)/ Convenio
Internacional sobre las horas de trabajo en la industria (1919)
[5] Es un organismo
especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al
trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en el
marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Su Constitución,
sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de
1944[concepto recuperado de:
https://www.cancilleria.gov.co/international/multilateral/united-nations/ilo